El repliegue de los militares rusos de las ciudades del arco metropolitano del noroeste de Kiev ha venido acompañada de imágenes aterradoras. Instantáneas de cientos de civiles ejecutados de forma extrajudicial tirados sobre el asfalto, las aceras o en fosas comunes. Hay también vídeos sobre un grupo de civiles, medio desnudos, con la manos atadas a la espalda, muertos en el interior de un contenedor con disparos en la cabeza.
La sombra sobre los crímenes de guerra vuelve a planear sobre una intervención rusa. Y, como siempre ha pasado desde hace décadas, el Kremlin rechaza de plano las acusaciones y tiene su propio relato. Rusia nunca ha reconocido hacerse extralimitado en las reglas de la guerra y siempre habla de la existencia de montajes mediáticos y políticos para tratar de desprestigiar al país. En las últimas horas, ha vuelto a dar esta versión sobre las imágenes vistas en Ucrania.
Si tomamos como referencia los últimos 20 años, Rusia ha sido acusada de cometer crímenes de guerra en todos los conflictos bélicos en los que han participado sus efectivos. Lo fue tras la Segunda Guerra de Chechenia y tras su intervención armada en Georgia en 2008 en defensa de lo que ahora son las repúblicas fantasma de Osetia del Sur y Abjasia y que internacionalmente están reconocidas como territorio georgiano.
En noviembre de 2016, Vladimir Putin ordenó revocar la firma del Tratado de Roma, base legal de la Corte Penal Internacional (CPI), -también están fuera Estados Unidos, China e Israel- para que ningún ciudadano ruso pueda ser juzgado en el tribunal de La Haya por crímenes de guerra o genocidio. Sólo una resolución al respecto del Consejo de Seguridad de la ONU podría conseguirlo, pero Rusia es miembro permanente del mismo y tiene derecho de veto.
Crímenes de guerra en Georgia y Siria
La decisión se tomó justo después de que la CPI autorizase investigar a Rusia por los crímenes de guerra cometidos por sus soldados –apoyados por los rebeldes surosetios- en Georgia en 2008. En ese mismo momento también se estaba hablando de la posibilidad de que el tribunal internacional abriese una investigación similar por los bombardeos aéreos rusos y del Gobierno sirio de Bashar Al Asad sobre la ciudad de Alepo en 2016.
Precisamente, son varios los informes de las Naciones Unidas –así como de ONG de diverso tipo– que han acusado a Rusia de cometer este tipo de atrocidades. En marzo de 2020, tres años después de vetar en este organismo una investigación sobre los ataques químicos de Al Asad contra sus enemigos, un informe de la Comisión Investigadora de la ONU sobre Siria acusó a Rusia de cometer crímenes de guerra durante la ofensiva sobre Idlib.
En el mismo, se decía que Rusia había participado en tres ataques indiscriminados contra la población civil, en los que habían muerto 42 personas. Cuatro meses después, un informe mucho más amplio de la misma comisión acusaba a Rusia de haber participado junto a la aviación siria en 47 bombardeos aéreos contra población civil.
«Queda claro de la campaña militar es que las fuerzas progubernamentales y los terroristas designados por la ONU violaron flagrantemente las leyes de la guerra y los derechos de los civiles sirios«, dijo en la presentación del informe Paulo Pinheiro, presidente de la Comisión Internacional de Investigación para Siria. Dentro de las fuerzas progubernamentales incluía a Rusia. La alusión a los terroristas es porque en su documento también citaba los crímenes de guerra del Frente Al Nusra, la antigua filial siria de Al Qaeda.
Crímenes de guerra en Crimea y el Donbás
La invasión rusa de Ucrania no ha sido el primer ataque de Moscú a la integridad territorial ucraniana. En 2014 alentó y armó a los rebeldes prorrusos de Donetsk y Lugansk para que se levantasen contra el Gobierno de Kiev. Comenzó entonces un conflicto bélico interno que ha durado hasta nuestros días y que ha servido de excusa para la invasión rusa actual.
En mayo de ese año, de 2014, un informe de la ONG Human Rights Watch denunciaba que los rebeldes prorrusos y los voluntarios rusos que les apoyaban (y que les apoyando) estaban «secuestrando, atacando y hostigando a personas de las que sospechan que apoyan al gobierno ucraniano o que consideran indeseables». Una denuncia ratificada por Misión Especial de Vigilancia de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE).
Muchas más recientes son las acusaciones de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que en junio de 2021 denunciaba que los prisioneros del ejército ucraniano que eran capturados en el frente del Donbás por las milicias armadas prorrusas «han sufrido torturas sistemáticas, violencia sexual y otros abusos«. En este caso, también se imputaban hechos similares a las fuerzas gubernamentales ucranianas.
Unos meses después, en septiembre de 2021, las Naciones Unidas denunciaban en un informe las vulneraciones de los derechos humanos en Crimea, el territorio ucraniano anexionado por Rusia de maneral unilateral en 2014, y se acusaba a los agentes del FSB –una de las agencias de inteligencia rusa– de torturas y de haber protagonizado, al menos, 43 casos de desapariciones forzosas durante esa anexión militar unilateral de la península ucraniana durante 2014.
Los mercenarios de Wagner
El despliegue durante los últimos años de efectivos del Ejército regular ruso siempre ha venido acompañado del desembarco en el país donde se produce el conflicto bélico de la empresa de seguridad Wagner, un ejército privado de contratistas fundado por Dmitry Ukin, un exoficial del GRU, el servicio de inteligencia militar de Rusia, y que llevarían el último mes y medio en suelo ucraniano.
Este grupo no sólo acompaña a los militares rusos, sino que también ha sido utilizado de forma independiente por el Kremlin allí donde tenía interés por decantar un conflicto bélico hacia una de las partes pero sin que Rusia apareciese como un apoyo público a una de las partes. Lo ha hecho en República Centroafricana o Libia. Y ya se encuentran en Mali, lo que ha puesto contra las cuerdas la relación entre Bamako y los países europeos desplegados allí desde 2014.
Hace cuatro meses, en diciembre de 2021, hasta ocho responsables del grupo Wagner fueron sancionados por la Unión Europea como responsables directos de cometer crímenes de guerra en Ucrania (durante su despliegue en el Donbás apoyando a las milicias prorrusas, antes de la invasión actual de febrero de 2022), Siria, República Centroafricana y Libia. Les acusan de «torturas y ejecuciones y homicidios extrajudiciales, sumarios o arbitrarios».
*** Artículo publicado en Libertad Digital.com ***
